19 de Septiembre 2017 a 7 meses del sismo

A 213 días de la tragedia

Mañana se cumplen 7 meses del sismo, 7 meses han pasado desde el fenómeno natural que golpeó a nuestro país y que ha dejado profundas y notables heridas abiertas en nuestra sociedad. Esos son 213 largos días donde un gran número de personas han tenido que vivir en la calle, en refugios temporales, con familiares y amigos, o incluso en las inseguras ruinas de lo que fueron sus hogares. 213 días que los gobiernos (de todos los niveles) han tenido para hacerse cargo de la tragedia y que hasta el día de hoy sus acciones han sido más de mitigación que de solución.

No haré hincapié en la admirable y casi espontánea organización social que fue la primera en responder y que ha acompañado a los damnificados durante estos larguísimos meses. Tampoco en la indiferencia con la que los grupos empresariales que alegremente explotan la marca "México" han seguido el acontecimiento, con la muy pero muy notable excepción de las empresas inmobiliarias cuyas fauces rapaces apenas pueden dejar de salivar ante el negocio que vislumbran. Centrémonos en las voces que con cinismo unas, desconcierto otras, preguntan ¿por qué el gobierno debe ayudar a los damnificados?

La respuesta es simple o compleja, dependiendo no tanto de dar razones sino de qué se entiende primero por Estado y por gobierno. Si el gobierno fuera un particular (una persona, una empresa, etc.) ciertamente sería absurdo pedirle que pagara los daños privados de otras personas. Cada quien es libre de gastar su dinero en lo que se le dé la gana. Pero el gobierno no es ni de cerca un particular, es un delegación (en el sentido de delegar una actividad o responsabilidad) que administra el dinero del Estado, es decir, el dinero de todos.

Permita el lector un tono pedagógico al respecto. Repito, el "gobierno" no es una persona, no es una entidad metafísica, ni un ser con esencia propia, es un concepto que toma cuerpo en un grupo de personas, elegidas las menos, contratadas las más, que se hacen cargo de los negocios públicos. La distinción es importante y, aunque par algunos es evidente, para la mayoría es complicado entender el fondo de la cuestión, no por falta de inteligencia sino de educación política.

El gobierno está para gastar el dinero de todos en las necesidades de todos. Es un deber gastar y gastar bien, recaudar y luego priorizar las necesidades para ir invirtiendo (en un sentido social de inversión y no de ganancia empresarial).

Ahora, de nueva cuenta se podrá preguntar: ¿Pero que tiene que ver las necesidades de todos con la desgracia de una minoría? La pregunta es justa, e incluso ya es un logro, porque al contrario de la primera pregunta de arriba ahora se presupone la responsabilidad de la buena administración del gasto público y no simplemente la discrecionalidad de gastar en lo que se de la gana.

Para responder comenzaré por decir que rechazo que sean tragedias particulares lo que hemos vivido desde el cismo, como si fuera lo mismo perder una casa por apostarla a los caballos que perder una casa porque la tierra se agita y los techos y muros se vienen encima. Los efectos del sismo fueron una tragedia social concretada en desgracias individuales. Es lo mismo que una epidemia, pues la enfermedad es un problema de la sociedad y para remediarla hay que tratar a los pacientes infectados individuales, es social porque aunque sólo afecta a unos pocos potencialmente puede afectar a todos. Un edificio colapsado es un riesgo social, no sólo por los daños a los bienes individuales y públicos de los alrededores, sino porque quienes vivían ahí sufrieron una tragedia no por elección sino por el incontrolable ciclo de la naturaleza. Abandonarlos a su suerte es claudicar de la esencial solidaridad que constituye un Estado, un pueblo y una nación. Gastar dinero público en los damnificados es gastar en los afectados que un fenómeno que puede afectar a cualquier miembro de la sociedad, es revertir los efectos de lo imprevisible con ayuda de la solidaridad social, pero también es reconocer una deuda impagable.

Gracias a aquellos que han perdido todo, todos hemos aprendido mucho; hemos tomado experiencia de lo que puede y volverá ocurrir en un futuro. Si no tomamos conciencia será, ahora sí, un gran fallo de nosotros como individuos y como sociedad, porque la lección es muy clara. Si llegan a existir nuevos reglamentos para mejores y más resistentes construcciones, protocolos de emergencia más claros, y modos de afrontar la tragedia más eficaces, todo eso se ha aprendido gracias a la sangre y las lágrimas de quienes han sufrido la perdida de sus hogares, la perdida de sus familiares, la indefensión ante la naturaleza. No podemos simplemente quedarnos con la lección y desechar a quienes nos han legado sus lágrimas para no tener que verter las nuestras.  Quizás no podamos regresarles la vida de quienes perdimos ese día y los siguientes, pero podemos regresarles sus hogares.

Exigir que el gobierno transparente las donativos es una acción mínima, la más esencial y básica de la justicias, pues ese dinero fue de particulares para los damnificados y a ellos debe llegar. Pero hay que ir más allá, hay que exigir que la reconstrucción se haga con gasto público y social, que no se entregue a la voracidad de las empresas inmobiliarias que son las responsables de buena parte de los problemas actuales de la Ciudad de México y de las demás grandes urbes; evitar que los damnificados sufran un segunda tragedia sería hoy por hoy la mínima expresión de la justicia solidaria entre hermanos.